En la audiencia que se realizó este martes en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, el fiscal Ricardo Álvarez pidió falta de mérito en la causa contra Facundo Scattone Moulins, Bernardo Zalisñak y Francisco Larocca, quienes eran acusados de entorpecer el tránsito durante una jornada de lucha que demoró el paso de cuatro camiones vibradores que se usaron en Uruguay para explorar yacimientos de petróleo no convencional, confirmó AIM. En la explanada del edificio los activistas reivindicaron jolgoriosamente la consigna “¡agua sí, fracking no!” y festejaron la posición del funcionario judicial junto a organizaciones sociales, sindicales y políticas.
El fiscal declaró ausencia de méritos y los asambleístas reivindicaron la lucha contra el fracking. Foto: AIM.
Desde la mañana temprano asambleístas de diferentes puntos de Entre Ríos, militantes de partidos políticos de izquierda, trabajadores nucleados en gremios e integrantes de organizaciones no gubernamentales se concentraron en la puerta de la Cámara para solidarizarse con los luchadores sociales de Concordia, quienes fueron acusados por el juez federal Pablo Seró de entorpecer el tránsito en la Ruta Nacional (RN) 15 durante una jornada de lucha que atrasó el paso de camiones a Uruguay. Mientras las consignas de repudio a Seró, al gobierno y a las multinacionales sonaban con fuerza en la calle, en la sala de audiencias Álvarez declaró que había ausencia de méritos para procesar Scattone Moulins, Zalisñak y Larocca, ya que consideró que no hubo una implicancia entre el delito por el que se los acusaba y las acciones que realizaron los asambleístas.
“Lo de Álvarez es una señal muy positiva ya que se dejó en claro que no se incurrió en ningún delito y además se habló del Derecho Ambiental, de forma colateral, lo es importante, porque se comienza a trabajar ésta cuestión en estas instituciones tan duras”, dijo a esta Agencia Scattone Moulians, pero indicó que ahora Álvarez, que está a cargo de la Fiscalía Ambiental, “debería comenzar a actuar de oficio sobre delitos ambientales”.
En ese sentido, el ambientalista indicó que ahora los jueces tienen la decisión pero apuntó que los ciudadanos están alertas contra la criminalización de la protesta social y en contra de los delitos ambientales, “porque estos derechos son del pueblo y no pueden ser vulnerados por intereses oscuros de las multinacionales que contaminan y destruyen sin importar las consecuencias, con la connivencia de los gobiernos locales”.
Además, remarcó que considera que “hay una consciencia de que no hay que criminalizar la protesta social, por lo menos por parte de los ciudadanos, ya que protestar no es ningún delito sino que es un derecho fundamental para la Democracia, para las resistencias a estos modelos extractivistas en el que son comunes prácticas como el fracking, megaminería o los agronegocios”.
En solidaridad con los luchadores sociales
Las asambleas de la cuenca del río Uruguay se movilizaron para apoyar a los activistas porque “Seró los acusó injusta e ilegítimamente para tratar de desmovilizar a la ciudadanía que lucha para evitar el saqueo de los recursos naturales y la destrucción del medio ambiente”, dijo a esta Agencia Juan Veronesi, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (Acag).
Para Veronesi los intentos del gobierno y la justicia “no desmovilizan sino que potencian las acciones de las luchas contra las corporaciones como las pasteras, las petroleras, las mineras y contra quienes utilizan agrotóxicos, que quieren obtener beneficios sin importar lo que dejan a su paso que es saqueo y destrucción”.
El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná, Claudio Puntel, explicó que el sindicato acompañó la jornada de solidaridad con los luchadores sociales porque desde el gremio “están en contra del fracking por las nefastas consecuencias que traerá y, por el otro, porque hay que reivindicar las luchas y repudiar la criminalización de la protesta social”.
“Hay que ampliar los derechos democráticos y no procesar a los luchadores sociales”, subrayó el docente, pero advirtió que en Entre Ríos “el kirchnerismo tiene su propio partido judicial contra los trabajadores y luchadores populares, donde se privilegian intereses económicos sobre los derechos de la ciudadanía, lo mismo que ocurre en educación donde los jueces laborales que enviaron a conciliación obligatoria a los docentes ocultaron un fallo favorable para el sector con la complicidad del gobierno y de la conducción provincial del sindicato”.
Por su parte, Luis Meiners, referente de la Nueva Izquierda- Movimiento Socialista de los Trabajadores dijo que así como el partido acompaña promueve acciones para evitar el avance de la razón instrumental sobre la naturaleza a través de la Red Ecosocialista también participan de las protestas contra “el procesamiento de los luchadores sociales, ya que no se puede incriminar a los compañeros por algo que no es un delito que es defender el agua, el acuífero y la vida”. Para el dirigente socialista “se ve acá la complicidad entre los grandes empresarios, el gobierno y la justicia en la defensa del saqueo y la acumulación capitalista a través de la desposesión de los pueblos por lo que desde acá se ratifica que no pasarán; el pueblo no permitirá el fracking en Entre Ríos ni que haya luchadores sociales procesados”.
“A veces lo que se llama República sirve, más que nada, al estado de cosas”
Tirso Fiorotto, integrante de la Junta Abya yala por los Pueblos Libres, consideró que lo que hicieron estos ciudadanos de Colón, Concepción del Uruguay, Chajarí y Concordia “fue defender el acuífero Guaraní, el agua limpia y los tratados internacionales que firmaron los países que integran el Mercosur (en los que está claro que se debe informar cualquier novedad que exista en torno a la exploración o explotación petrolera que ponga en riesgo esa reserva) por lo que los jueces deberían haberlos llamado para felicitarlos”. Sin embargo, insinuó que a veces “los jueces en lugar de buscar la verdad y los contenidos profundos de las protestas”, son parte de una maquinaria burocrática estatal al servicio del capital, en la que “lo que se llama República sirve, más que nada, al estado de cosas, es decir, a los grupos de poder, a los petroleros, que en muchos casos son socios de los gobiernos”.
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